Tomas Apodaca y Colin Lecher | CalMatters
Artículo original de CalMatters, traducido independientemente por Lilia O’Hara.
El controvertido acuerdo de 125 millones de dólares que California firmó el año pasado con Google para impulsar la industria periodística del estado, actualmente en dificultades, ya está en vías de reducirse, antes incluso de que se haya entregado el dinero a los medios de comunicación.
El acuerdo, anunciado el pasado mes de agosto, comprometía a California y a Google a aportar cada uno decenas de millones de dólares a un fondo que se distribuiría entre los medios de comunicación locales a lo largo de cinco años. A cambio, los legisladores descartaron dos ambiciosas propuestas que pretendían obligar al gigante de los motores de búsqueda y a sus homólogos tecnológicos a pagar a los medios de comunicación por utilizar sus contenidos publicados.
Sin embargo, el gobernador Gavin Newsom propuso el miércoles recortar en dos tercios el compromiso inicial del estado con el fondo para el periodismo.
El portavoz del Departamento de Finanzas, H.D. Palmer, escribió en un correo electrónico que la administración trata de reducir el pago estatal del primer año de 30 millones de dólares a 10 millones únicamente debido a «menos recursos de los previstos en el presupuesto de enero». El recorte forma parte de la propuesta presupuestaria de mayo de Newsom, en la que trata de cubrir un déficit estimado de 12 000 millones de dólares para el año fiscal 2025-2026, que comienza en julio.
La propuesta de reducir la participación del estado en la financiación indignó a los defensores de las noticias locales y a los partidarios de exigir a las plataformas tecnológicas que paguen a los medios de comunicación por sus contenidos, que ya calificaron de insuficiente el acuerdo del año pasado. Esto plantea dudas sobre el compromiso de Google de pagar su parte de los fondos de contrapartida y sobre la situación general del acuerdo, que se anunció en agosto, pero que parece haber avanzado poco hacia su materialización.
No se firmaron documentos oficiales en el acuerdo verbal de Google con el estado y con los legisladores el año pasado, solo se hicieron promesas públicas.
«Es muy decepcionante», afirmó Steven Waldman, presidente del grupo de defensa del periodismo Rebuild Local News. «Ya era demasiado poco y han tomado la dirección equivocada en un momento en el que sigue colapsando la prensa local en California… La desinformación, los rumores y la información errónea están inundando el vacío, por lo que es fundamental actuar con rapidez para intentar cambiar esta situación. En cambio, los esfuerzos se están reduciendo».
Un borrador del acuerdo publicado el año pasado sugería que la Universidad de California en Berkeley administraría el programa de financiación, pero la universidad ha rechazado hacerlo y el estado no ha anunciado un nuevo administrador. Como resultado, Google tampoco parece haber realizado el pago de 15 millones de dólares correspondiente al primer año del fondo, según Waldman.
El acuerdo no incluía plazos estrictos, pero sus defensores dijeron que su objetivo era «adelantar» gran parte del dinero en el primer año, ya que creían que así se podrían obtener más contribuciones privadas a lo largo del proceso.
Acuerdo alcanzado tras millones en lobbying por parte de Google
Ni la oficina de Newsom ni Google respondieron a las preguntas. La Asociación de la Industria Informática y de las Comunicaciones, un grupo de presión que el año pasado fue financiado en gran parte por Google para oponerse a los proyectos de ley sobre noticias, se negó a hacer comentarios. Los pagos de Google para influir en los legisladores estatales se dispararon a casi 11 millones de dólares entre julio y septiembre del año pasado, cuando se estaban debatiendo los proyectos de ley, 90 veces más de lo que había gastado en lobbying en California durante el mismo periodo.
Un portavoz de la asambleísta Buffy Wicks, que negoció el acuerdo el año pasado a cambio de abandonar su proyecto de ley que habría obligado a plataformas como Google y Meta a pagar una tarifa o negociar con los medios de comunicación por el uso de sus contenidos informativos, dijo que «en los próximos días habrá más información al respecto».
Wicks, en un comunicado, no se refirió a la propuesta de recortar la financiación estatal. En cambio, la demócrata de Oakland agradeció a Newsom «por realizar una inversión pública esencial que fortalece el periodismo» y describió la financiación como un «pago inicial, combinado con los de socios privados y filantrópicos».
Tras los pagos del primer año, Google y el estado debían aportar 10 millones de dólares al año al fondo durante cuatro años más.
La empresa también acordó seguir pagando 10 millones de dólares al año en subvenciones existentes a las redacciones, dinero que había amenazado con retener si se aprobaba la legislación. Además, tenía previsto destinar 17.5 millones de dólares a un programa de inteligencia artificial no especificado que había causado inquietud a algunos periodistas y a sus representantes sindicales por la pérdida de puestos de trabajo.
Ahora, Waldman teme que la reducción de la financiación estatal pueda llevar a la empresa a hacer lo mismo. Como parte del acuerdo, Google especificó que solo aportaría al fondo para el periodismo una cantidad equivalente a la del estado, según el exsenador Steve Glazer, autor del otro proyecto de ley que fue descartado.
«No querían que se sentara un precedente en California que pudiera replicarse fácilmente en otros estados, por lo que insistieron en que el estado aportara una cantidad equivalente», afirmó. «El hecho de que el gobernador proponga incumplir (parte del acuerdo) es la cereza del pastel para Google y les permite reducir su contribución si lo desean».
El proyecto de ley de Glazer habría impuesto una tasa a las principales plataformas tecnológicas para proporcionar a los medios de comunicación una desgravación fiscal para contratar a periodistas locales. La medida, según estimaciones del personal legislativo, habría recaudado 500 millones de dólares al año. El proyecto de ley de Wick, que obligaba a las plataformas a negociar los pagos a los medios de comunicación, se inspiraba en programas similares de Canadá y Australia, pero los obstáculos políticos eran difíciles de superar en el estado natal de las empresas tecnológicas.
Los legisladores impulsaron ambas propuestas para intentar frenar el declive de la industria de la información en California.
Siguiendo una tendencia nacional, las empresas de medios de comunicación han perdido muchos puestos de trabajo en las últimas dos décadas, ya que los anunciantes han abandonado la prensa escrita en favor de internet y los avances tecnológicos han transformado la forma en que los lectores consumen las noticias. El estado ha perdido un tercio de sus periódicos desde 2005, en una tendencia que, según los expertos, agrava la falta de compromiso cívico, la polarización y la desinformación.
Para intentar retener a sus lectores, las publicaciones dependen cada vez más de las redes sociales y los buscadores online. Google controla la mayor parte de las búsquedas, lo que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos y un juez federal, viola la ley antimonopolio.
El director ejecutivo de CalMatters, Neil Chase, participó en el acuerdo como miembro de la junta directiva de Local Independent Online News Publishers. Sus opiniones no reflejan necesariamente las de la organización, la redacción o su personal.
